Los conflictos colectivos de trabajo, en Colombia, han sido objeto de escasísimos estudios. Fuera de los trabajos estrictamente jurídicos, aquellos ocupados de discutir sus causas y significado se inclinan en su mayoría, por explicaciones de índole política u organizacional. En el conjunto de la literatura social, sin embargo, pueden identificarse tres enfoques generales para la interpretación del movimiento huelguístico: los conflictos laborales como síntomas de tensión y ruptura en el orden social; los conflictos como fracasos en el proceso de negociación; y los conflictos como expresión de factores políticos.
La tensa situación laboral de principios de año, con serios amagos de huelga en Ecopetrol, Paz del Río y otras empresas menores, hizo pensar a muchos en la proximidad de una abierta confrontación entre el gobierno y el movimiento obrero. En verdad, la tensión no llegó al punto de intentar paros generales, como sí ocurrió en enero de 1965, en enero de 1969 y en marzo de 1971, tampoco menudearon incidentes de orden público, ni han sido singularmente acerbas las declaraciones sindicales, ni, menos aún, se llegó al cese de actividades en puntos neurálgicos de la economía. Que la reciente coyuntura haya sido excepcional o no, la recurrencia de conflictos laborales es un hecho significativo en la vida colombiana, un hecho que, como tal, merece reflexión y análisis.
